Para
enfrentar el deterioro del medio ambiente y la pérdida de nuestro patrimonio
natural, todos tenemos que adoptar patrones de producción y consumo
sustentables, haciendo más eficiente la manera en que utilizamos los recursos
naturales y disminuyendo los residuos y emisiones que generamos y que
contaminan el aire, el agua y el suelo.
La estrategia de conservación
de los ecosistemas terrestres pretende básicamente, procurar y asegurar la
protección de zonas naturales con poca o nula influencia y perturbación
humanas, importantes por su biodiversidad y/o los servicios ambientales que
brindan a la sociedad. Dentro de esta estrategia, los instrumentos más importantes
impulsados han sido las áreas naturales protegidas (ANP), los humedales de la
Convención Ramsar y los programas de pago por servicios ambientales (PSA). En
conjunto, estos instrumentos protegían, a diciembre de 2008, alrededor de 22.2
millones de hectáreas4, lo que equivale aproximadamente al 11.3% de la
superficie nacional.
Las áreas naturales protegidas
constituyen una de las estrategias más utilizadas internacionalmente para
mantener la integridad de los ecosistemas. Estas áreas son superficies
representativas de diversos ecosistemas, en donde el ambiente original no ha
sido alterado significativamente por la actividad humana, las cuales
proporcionan además servicios ambientales de diversos tipos, y que incluso
pueden albergar recursos naturales importantes o especies de importancia
ecológica, económica y/o cultural.
El Sistema de Unidades de
Manejo de la Vida Silvestre (Suma) fue establecido en 1997 y es coordinado por
la SEMARNAT a través de la Dirección General de Vida Silvestre (DGVS). Busca el
aprovechamiento de la vida silvestre de forma legal y viable, a la vez que promueve
esquemas alternativos de producción compatibles con el cuidado del ambiente,
por medio del uso racional, ordenado y planificado de los recursos naturales.
Recuperación de los
ecosistemas terrestres.
Ante
la significativa pérdida y alteración de los ecosistemas naturales del país,
fue indispensable, desde tiempo atrás, el diseño e implementación de
instrumentos de política ambiental dedicados no solamente a la protección de
los remanentes de los ecosistemas y al aprovechamiento sustentable de la vida
silvestre -incluida la actividad forestal-, sino otros orientados a la
recuperación, cuando fuera posible, de zonas degradadas, afectadas por plagas o
enfermedades, o de aquéllas en las que los ecosistemas naturales hubiesen
desaparecido.
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